Proyecto de ley le da dientes a la Supersalud para triplicar las sanciones y remover gerentes.

Este miércoles, en las comisiones séptimas conjuntas de Cámara y Senado, el proyecto de ley 198 de 2018, que busca darle dientes a la Superintendencia Nacional de Salud para castigar con más fuerza a los actores del sector que presentes fallas en la atención, recibió un respaldo unánime.

Se trata de una iniciativa con mensaje de urgencia que según el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, dotará a la entidad con las herramientas necesarias “para actuar con severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación del servicio de salud”, y que la próxima semana será debatida en las plenarias de Cámara y Senado antes de pasar a sanción presidencial.

El respaldo de 13 partidos demuestra, según Aristizábal, que la salud no tiene un color político y que, por el contrario, es un tema de interés nacional sobre el cual apremia una intervención más profunda y severa.

En concreto, el proyecto plantea fortalecer la capacidad sancionatoria de la Supersalud endureciendo las medidas de control y elevando las multas, que hoy están en un máximo de 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), algo como 2.000 millones de pesos, a 8.000 SMLMV, más de 6.000 millones de pesos, para personas jurídicas. En el caso de personas naturales, las sanciones ascenderán hasta 2.000 SMLMV, monto ajustado por los mismos.

Se contempla también imponer multas pecuniarias sucesivas de hasta de 3.000 SMLMV para personas jurídicas y 300 SMLMV a personas naturales a quienes incumplan órdenes de servicio, emitidas en el marco de una sanción administrativa. 

Aristizábal pone el ejemplo: si la Superintendencia ordena la entrega de un medicamento a una persona y la EPS no lo hace, podrá recibir las multas sucesivas hasta el monto estipulado, en caso de incumplimiento.

Y es que según el funcionario, son justamente la falta de oportunidad de una cita con un especialista y las demoras en la entrega de medicamentos los dos problemas que, en sus cuatro meses en la entidad, ha encontrado como los que más impactan a los colombianos.

Pero no se queda en eso. La Supersalud podrá suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del sector.

En este caso, apunta que la ley no va dirigida únicamente contra las EPS, sino contra IPS y prestadores que le hagan trampa al sistema. “Cualquier sujeto que administre recursos del sistema de salud, público o privado, y que haga trampa no volverá a poner un pie en el sector y será inhabilitado por 15 años. Hoy muchos gerentes que quebraron hospitales públicos hoy están en otras instituciones”, afirma. 

“Con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud, la modificación de los términos para decidir en la función jurisdiccional y el reenfoque de las facultades como juez de la salud en los asuntos técnicos y no en los administrativos, la Superintendencia contará con las herramientas necesarias para que quienes atentan contra los recursos de la salud no lo sigan haciendo”, puntualizó el superintendente sobre otros puntos del proyecto de ley.