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El reclamo de los hospitales al Gobierno

El Congreso de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas se ha convertido desde hace varios años en el encuentro de referencia que analiza la situación del sistema de salud en Colombia, y el último, celebrado en Bogotá los días 13 y 14 de agosto, no fue la excepción.

Tanto el presidente de la junta directiva, doctor Andrés Aguirre, como el director general de la institución, Juan Carlos Giraldo, reclamaron al Gobierno, representado por el ministro Gaviria, que se presente otro proyecto de ley que contenga una reforma estructural del sistema de salud que responda al marco constitucional del derecho a la salud definido en la ley estatutaria todavía en proceso de evaluación por la Corte Constitucional.

El proyecto anterior de ley ordinaria fue hundido en la Cámara de Representantes, después de dos años de arduo trabajo de varios actores de la salud, en una maniobra perniciosa de los políticos integrantes de esa corporación, estimulados por intereses ajenos a las necesidades de los ciudadanos, que resultó exitosa para las EPS y las cajas de compensación, porque lograron su objetivo de que nada cambie, que todo siga igual, en el manejo de los recursos de la salud administrados por ellas, como intermediarias con ánimo de lucro ilimitado.

Algunos de esos parlamentarios escalaron al Senado (como el señor Germán Varón) y otros a posiciones destacadas en el Gobierno central. El primero que anunció a finales del año pasado que ese proyecto se hundiría fue el entonces representante Alfonso Prada, hoy sonriente director del Sena. Lo paradójico de la historia es que uno y otro integraban partidos de la Unidad Nacional, que dejaron solo al ministro Gaviria en ese proyecto gubernamental.

La soledad que experimentó la hizo manifiesta el ministro en entrevista para la revista Semana el 6 de enero del presente año y la ratificó recientemente en el programa Las Claves, del Canal Capital (19 de agosto). La consecuencia es que Gaviria no se quiere arriesgar a sufrir nuevamente el fracaso de otro proyecto de ley, sometido a los compromisos contratados de los congresistas, y ha optado por decretos, con los que pretende decorar el sombrío panorama de la salud: 1. La habilitación de las EPS; 2. La afiliación de las personas que pierdan el empleo; 3. Regular el ingreso de los medicamentos biotecnológicos; 4. Un modelo de atención en zonas apartadas. Los cuatro temas no dejan de ser paños de agua tibia para un enfermo terminal, y de ninguna manera representan el universo de los problemas del sistema.

Los que se han adelantado en la agenda legislativa son los integrantes del extremo Centro Democrático, al radicar en la Comisión Séptima del Senado un proyecto que, como era de esperarse, propone que los ciudadanos cubramos la insolvencia de las EPS con el dinero de nuestros impuestos, sin considerar que llegaron a esa crisis por apropiarse indebidamente de los recursos parafiscales destinados a la prestación de los servicios de salud.

En ese contexto es admirable la labor que realizó la señora contralora Morelli, quien desde el inicio de su gestión denunció el desfalco, no sólo de Saludcoop, sino de otras EPS y cajas, a los dineros sagrados de la salud. La ciudadanía honesta de este país, que es la mayoría, respalda a la señora Morelli ahora que está siendo sometida a la tropelía inmisericorde de sus victimarios.